Vulcan tiene que resarcir daño ambiental en Quintana Roo: Sheinbaum
CDMX | Tras el fallo del arbitraje internacional entre México y Vulcan Materials Company en el que dio la mayor parte de la razón al gobierno mexicano y fijó un pago de 17 millones de dólares, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que seguirá el diálogo entre el gobierno federal y la empresa, misma que deberá pagar los daños ambientales que provocó en Quintana Roo.
“Ellos tienen que resarcir el daño ambiental porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación, aun cuando esté clausurada la mina, ellos también todavía tienen material ahí. Entonces, en ese sentido se está platicando con ellos de cómo se cumpliría todo este procedimiento. Con esta resolución, estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando”, afirmó.
Durante la conferencia de este martes 28 de julio, la mandataria aseguró que seguirá el diálogo entre la empresa estadounidense, priorizando la protección de las comunidades y el medio ambiente. Además precisó que, debido al proceso judicial que atraviesa México, no puede brindar más información durante 30 días.
“Si nos esperan para no violar la parte procesal, si nos esperan como un mes más o menos que ya no hay esta parte de confidencialidad, ya podemos detallarlo. (…) Esto es muy importante porque hay 30 días todavía de que no se puede estar emitiendo muchos comunicados ni dar los detalles y es importante porque así son las reglas en estas disputas. Entonces se puede hablar de esto de manera muy general”, explicó.
En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo leyó parte de los comunicados emitidos por Vulcan y la Secretaría de Economía. Desde hace años, la empresa reclamó que las autoridades ambientales les cerraron una mina, donde extraían piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, porque decretaron que ese lugar es zona protegida.
La empresa que operaba Vulcan en dicha localidad se llamaba Calizas Industriales del Carmen, a la cual le clausuraron el predio, por lo que en 2018 inició la controversia en contra del gobierno mexicano y alegó que incumplió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Esto es interesante, porque esa clausura se hizo con Peña Nieto. En enero de 2018 y o sea, ’salvo esa medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado. El gobierno de México analiza detalladamente la decisión del tribunal arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance’ Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución. De ellos, tanto de Vulcan como del gobierno Mexicano”, explicó.
Es decir, México solamente deberá de pagar el 1% del total del reclamo que hizo dicha empresa estadounidense, que originalmente pidió una indemnización de mil 700 millones de dólares por una supuesta expropiación indirecta, de acuerdo con datos de la dependencia.
“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, lo que se traduce en 17 millones de dólares.
Sheinbaum Pardo reiteró que no puede dar detalles sobre el caso, sin embargo, precisó que Vulcan emprendió una serie de acciones legales por el cierre de la mina “Calica”. Este se justificó por la violación de distintas normas y resoluciones en materia ambiental, por lo que se decretó como una Área Natural Protegida en 2024.
“De todas maneras nosotros estamos seguimos en el diálogo. Esta resolución no tiene que ver con el diálogo, fue una decisión del propio tribunal. No tiene nada que ver con el diálogo que hemos establecido con ellos. Es una resolución importante porque aunque da razón en ciertos temas Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa. Entonces, hasta ahí vamos en este momento”, señaló la mandataria.
Vulcan pierde la batalla legal contra México por cierre de Calica en Quintana Roo
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a México al emitir el fallo final del arbitraje internacional interpuesto por Calica, filial de Vulcan Materials Company, tras la clausura de sus operaciones y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa de Quintana Roo por daños ecológicos.
El arbitraje fue realizado al amparo del T-MEC y la empresa reclamaba que, entre enero de 2018 y 2022, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de Vulcan en México.
“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, explicó el Gobierno de México.
Tras dar a conocer el fallo, México refrendó su compromiso a favor de la inversión extranjera.
“El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente”, explicó.
El gobierno añadió que defiende el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental “para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”
¿Por qué fueron clausuradas las operaciones de Calica en Quintana Roo?
Durante casi cuatro décadas, la compañía extrajo millones de toneladas de material pétreo del subsuelo marino y de la selva para exportarlo a Estados Unidos. El complejo minero operó bajo concesiones otorgadas por gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación (4T), consolidándose como una de las principales fuentes de agregados pétreos para la construcción en el país norteamericano.
La crisis estalló debido al grave impacto ecológico documentado en la zona, que incluyó la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y la alteración irreversible del manto acuífero subterráneo.
Ante esto, el gobierno de México, entonces encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, clausuró definitivamente las operaciones mineras en 2022 por sobreexplotación de los límites autorizados.
Como respuesta, la firma estadounidense inició un arbitraje internacional exigiendo una indemnización millonaria bajo el amparo del T-MEC, alegando que el cierre de su planta constituía una expropiación ilegal de sus activos.
El gobierno federal también decretó los terrenos de Calica como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, blindando la región contra futuras actividades mineras de manera permanente.
El caso Calica paso a paso
El caso de Calica (Calizas Industriales del Carmen), filial de la constructora estadounidense Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano concluyó formalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El tribunal desestimó casi la totalidad de las millonarias reclamaciones de la empresa.
A continuación, se detalla la línea de tiempo cronológica del conflicto:
Orígenes y Concesiones (1986 – 2000)
- 1986 – 1987: El gobierno federal y el del estado de Quintana Roo otorgan los primeros permisos a Calica para explotar piedra caliza en Playa del Carmen y Cozumel. El material pétreo comenzó a extraerse del predio La Rosita y se exportaba a EE. UU. para la construcción de vialidades.
- 1999 – 2000: A finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se retira una veda ambiental en la zona. Se extienden dos nuevas concesiones por 20 años para expandir la extracción a los predios La Adelita y El Corchalito.
- Primeras Restricciones Ambientales (2009 – 2018)
- 2009: Se modifica el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Corredor Cancún-Tulum. Esta norma prohíbe la continuidad de las actividades extractivas en los nuevos predios, lo que la empresa califica más tarde como un cambio arbitrario.
- Enero de 2018: Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realiza la clausura parcial de las operaciones en un predio de Calica debido al impacto ecológico excedente.
- Diciembre de 2018: Como respuesta directa, Vulcan Materials interpone formalmente una demanda de arbitraje internacional contra México ante el CIADI al amparo del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Inicialmente solicita 500 millones de dólares, cifra que después escala a 1,529 millones de dólares más intereses.
Escalada del Conflicto (2021 – 2023)
- 2021: La Fiscalía General de la República (FGR) interviene y clausura las instalaciones de la planta (entonces renombrada como Sac-Tun).
- Mayo de 2022: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ordena la clausura total de la extracción de piedra caliza. El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador despliega elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ocupar los terrenos del muelle de Punta Venado.
- 2023: El gobierno mexicano ofrece una compensación económica de entre 8,000 y 10,000 millones de pesos para comprar los terrenos y darles un uso turístico o de conservación. Vulcan Materials rechaza de manera tajante la propuesta.
Decreto de Protección y Transición (2024 – 2025)
- 23 de Septiembre de 2024: Al fracasar el diálogo, el presidente López Obrador publica un decreto oficial que declara la creación del Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una reserva natural de más de 53,000 hectáreas en Quintana Roo. Esto bloquea de forma permanente cualquier actividad extractiva dentro del terreno propiedad de Vulcan.
- Octubre de 2025: Un tribunal federal en la Ciudad de México emite una orden judicial dictaminando que Calica está legalmente obligada a restaurar el daño ecológico causado en el suelo cárstico, la selva y los cenotes de la región.
Resolución Final del Arbitraje (2026)
28 de Julio de 2026: El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, oficializa la victoria jurídica. Abre un periodo de 30 días hábiles para analizar detalles técnicos ante posibles recursos de aclaración o anulación por ambas partes.
Primer Trimestre de 2026: La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene mesas de diálogo con la empresa para evitar mayores fricciones en vísperas de la revisión del T-MEC, aclarando a los congresistas estadounidenses que la medida no fue una “expropiación” (la tierra sigue perteneciendo a Vulcan, pero sin derecho de explotación).
27 de Julio de 2026: El Tribunal Arbitral del CIADI publica su laudo definitivo. El fallo desestima prácticamente el 99% de las reclamaciones de Vulcan. El tribunal únicamente determina que México violó el TLCAN en la clausura inicial ejecutada en enero de 2018 (gobierno de Peña Nieto), asignando una compensación monetaria equivalente a menos del 1% del monto original reclamado.
