Pemex: ¿Una empresa que avanza o una factura que termina en Hacienda?
Ramses Pech
Hablar de Petróleos Mexicanos en 2026 obliga a separar tres realidades que muchas veces se mezclan: lo que Pemex representa para el Gobierno, lo que significa para el mercado energético mexicano y lo que ocurre dentro de la propia empresa. No es suficiente observar si gana o pierde dinero. Tampoco basta decir que su deuda disminuyó. El verdadero análisis requiere preguntar quién genera el dinero, quién absorbe las pérdidas, quién paga las obligaciones y cuánto valor económico recibe México a cambio de mantener a su empresa petrolera.
Esa diferencia importa porque Pemex todavía no demuestra plenamente que pueda financiar simultáneamente operación, inversión, deuda y obligaciones sin apoyo extraordinario. Para enero-septiembre de 2026, la empresa acumuló una pérdida neta de 38,764 millones de pesos. Aunque sigue siendo negativa, representa una mejora respecto a la pérdida de 45,055 millones registrada en igual periodo de 2025.
Pero mirar únicamente esa pérdida también conduce a una conclusión incompleta.
Los resultados del tercer trimestre muestran que Pemex obtuvo 222,580 millones de pesos de rendimiento de operación consolidado. Aquí aparece una de las paradojas fundamentales de la petrolera: existe actividad económica capaz de generar resultados operativos relevantes, pero después aparecen derechos, intereses, resultados financieros, efectos cambiarios y otras cargas que deterioran el resultado final.
Además, Pemex no es una sola actividad económica. Sus segmentos presentan comportamientos radicalmente distintos.
Procesos Industriales aparece como uno de los pilares del resultado, con 300,393 millones de pesos de rendimiento de operación y 291,063 millones de resultado neto según las cifras de los resultados del tercer cuarto. Las comercializadoras aportan también resultados positivos; Deer Park registra utilidad, mientras que Exploración y Extracción soporta cargas particularmente elevadas.
Exploración y Extracción registra en los datos del tercer trimestre, una pérdida de operación de 58,180 millones de pesos y una pérdida neta de 291,988 millones. Sobre esa actividad recaen 173,535 millones correspondientes al Derecho Petrolero para el Bienestar y 96,205 millones de costo financiero. Esto ayuda a entender una aparente contradicción: una actividad fundamental para producir petróleo puede aparecer profundamente deteriorada contablemente mientras simultáneamente transfiere recursos al propio Estado.
Para el mercado mexicano, Pemex tiene además otro valor difícil de reflejar solamente en un estado de resultados. Según los datos proporcionado por PEMEX, este atiende alrededor del 58 % del mercado nacional de combustibles y México continúa dependiendo considerablemente de importaciones, particularmente de gasolina. Su infraestructura de producción, refinación, logística, comercialización y distribución convierte a Pemex en una pieza difícilmente sustituible de manera inmediata.
Por eso las estaciones de servicio y la red de comercialización resultan estratégicas. Producir combustibles tiene poco valor económico si estos no pueden colocarse eficientemente en el mercado. Las comercializadoras muestran ventas elevadas y resultados positivos precisamente porque la última parte de la cadena permite convertir los productos petrolíferos en ingresos.
Para la propia Pemex, sin embargo, el reto continúa siendo financiero. Una empresa puede tener activos estratégicos, mercado, ventas gigantescas y relevancia nacional y, al mismo tiempo, presentar problemas de liquidez. De acuerdo con un análisis del Paquete Económico 2026, Pemex enfrenta fuertes necesidades asociadas a vencimientos, proveedores e intereses, lo que mantiene presión sobre su capacidad de inversión.
Pemex cerró septiembre de 2026 con una deuda financiera de 77,600 millones de dólares: casi 8,000 millones menos que al terminar 2025 y más de 28,000 millones menos frente a 2018. Contablemente, la deuda sí ha bajado.
Pero reducir la deuda registrada en Pemex no significa que México haya eliminado obligaciones por la misma cantidad.
El Gobierno Federal asumió parte del esfuerzo. En 2025, Hacienda realizó una emisión soberana equivalente a 13,800 millones de dólares y una recompra de bonos de Pemex por alrededor de 12,000 millones para estabilizar su deuda, mejorar su liquidez y fortalecer su perfil crediticio.
La diferencia es fundamental: con efectivo propio, la empresa genera excedentes y paga capital; con apoyo del propietario, reduce obligaciones porque el Estado aporta capital, obtiene financiamiento o administra vencimientos.
No hubo condonación: los acreedores no perdonaron la deuda. Fue una reorganización financiera respaldada por la capacidad fiscal y financiera del Gobierno, propietario de Pemex.
Pemex conserva una deuda enorme, pero el Gobierno ha asumido parte del esfuerzo para reducirla y administrarla. Así, parte del riesgo pasa del balance de Pemex a las finanzas públicas.
Según los resultados del tercer trimestre, la deuda rondaba los 105,800 millones de dólares en 2018, permaneció prácticamente estable en 2019 y subió a aproximadamente 113,200 millones en 2020. Después descendió: 109,300 millones en 2021, 107,700 millones en 2022, 106,000 millones en 2023, 97,600 millones en 2024, 85,200 millones en 2025 y 77,600 millones en septiembre de 2026.
La reducción es considerable; importa distinguir cuánto responde a una mejora estructural de Pemex y cuánto al respaldo financiero del Estado.
Y ahí cambia otra vez la perspectiva.
Para el Gobierno, Pemex no debe evaluarse exclusivamente por su utilidad neta. Entre enero y septiembre, de acuerdo con las cifras presentadas, generó 173,535 millones de pesos mediante el Derecho Petrolero para el Bienestar. El Estado, por tanto, puede recibir recursos provenientes de la actividad petrolera aun cuando Pemex termine presentando pérdidas.
La pregunta relevante para Hacienda no debería ser simplemente si Pemex obtiene utilidad, sino si el valor que recibe el Estado supera sosteniblemente los recursos que necesita regresar después a la empresa.
Mientras Pemex genere recaudación, produzca flujo operativo, mantenga abastecimiento, reduzca importaciones y conserve capacidad productiva, existe un retorno económico que no aparece enteramente en la utilidad neta. Pero cuando las pérdidas obligan a realizar transferencias recurrentes, capitalizaciones o asumir obligaciones financieras desde el Gobierno Federal, una parte de ese beneficio comienza a financiarse con el presupuesto nacional.
Ahí está la frontera entre inversión pública y fondo perdido.
Entregar recursos públicos a Pemex no constituye automáticamente dinero perdido porque el Estado es propietario de la empresa y los recursos pueden fortalecer un activo público. Si el dinero permite reducir costos financieros, aumentar producción, mejorar refinerías, mantener infraestructura o generar capacidad futura de flujo, existe una contrapartida económica.
Pero cuando las aportaciones solamente sirven para absorber pérdidas recurrentes sin corregir las causas que las generan, el razonamiento cambia. En ese caso, el presupuesto deja de funcionar principalmente como capital productivo y comienza a convertirse en mecanismo permanente de sostenimiento.
La caída de la deuda a 77,600 millones de dólares es real, pero no cuenta toda la historia: importa quién la hizo posible y dónde quedó el esfuerzo financiero.
El Gobierno utilizó su fortaleza crediticia soberana para mejorar el perfil financiero de Pemex. El apoyo puede tener sentido si permite generar flujo suficiente para operar, invertir y pagar obligaciones con menor dependencia presupuestaria.
Pero si después de reducir la deuda mediante aportaciones públicas la empresa continúa necesitando transferencias crecientes para pagar vencimientos, intereses o pérdidas operativas, entonces el problema no habrá desaparecido: habrá cambiado parcialmente de balance.
Ese es el punto central para evaluar a Pemex hacia adelante. México no necesita necesariamente que su petrolera presuma una utilidad contable extraordinaria. Necesita algo más difícil: una empresa capaz de generar suficiente efectivo para mantener producción, refinación, logística y comercialización; pagar proveedores; invertir; cubrir intereses; reducir deuda y aportar recursos al Estado sin exigir posteriormente una cantidad superior para mantenerse operando.
Pemex sigue siendo relevante para el Gobierno por la recaudación y por su carácter estratégico; para el mercado, porque participa en una parte sustancial del suministro nacional; y para México, porque representa infraestructura, producción, refinación y seguridad de abastecimiento. Pero precisamente por esa importancia debe medirse con una vara financiera más exigente.
La verdadera prueba no será observar cuánto dinero público recibe Pemex ni cuánto disminuye aisladamente la deuda registrada en sus estados financieros. Será determinar cuánto valor genera por cada peso que el Estado compromete y si esa relación mejora año tras año.
La reducción de la deuda es real. La mejora operativa también ofrece señales relevantes. Pero todavía falta demostrar que ambas puedan sostenerse sin que Hacienda tenga que sustituir permanentemente la capacidad financiera que Pemex debería recuperar.
En otras palabras, México no resolvió completamente la deuda de Pemex: redujo la que permanece directamente dentro de la petrolera y asumió parte del esfuerzo para conseguirlo. Si esa intervención consigue transformar a Pemex en una empresa capaz de sostenerse con su propio flujo, habrá sido una inversión del Estado en uno de sus principales activos. Si las pérdidas, transferencias y refinanciamientos se vuelven permanentes, solamente se habrá trasladado parte de la factura.
Y esa es finalmente la pregunta que definirá el futuro financiero de Pemex: no cuánto bajó su deuda, sino quién está pagando para que baje y cuándo podrá la propia empresa hacerlo con el dinero que genera.
