¿Quién miente más, el gobierno o los medios?
Pablo Andrei Zamudio Díaz.
Imaginemos a una persona que escucha su nombre en un noticiero. Dicen de ella algo falso, con pelos y señales, a la hora de mayor audiencia. Ella no quiere dinero ni venganza. Solo quiere aclarar. Ese derecho se llama réplica. La Constitución lo promete desde 2007 y una ley de 2015, la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, dice cómo ejercerlo. El camino es este. Tiene quince días hábiles para pedirla al medio por escrito. El medio tiene tres días para decidir y otros tres para avisarle. Si el medio calla, nadie viene a ayudarla. Le quedan cinco días hábiles para demandar ante un juez federal, con su acuse de recibo en la mano y sus pruebas bajo el brazo. El silencio del medio no la libera. La convierte en litigante. Llamémosla la persona del noticiero, porque volveremos a ella.
El país discute hoy otra cosa. Hay una propuesta de reglas nuevas para la radio y la televisión, en consulta pública hasta el 21 de agosto, los famosos lineamientos de derechos de las audiencias, es decir, de todos los que vemos y escuchamos. El gobierno dice que son para protegernos. Los dueños de la radio y la televisión dicen que son para callarlos. Los dos pelean por el micrófono y la pantalla. Casi nadie se pregunta qué pasaría con la persona del noticiero que ha sido difamada. ¿Y si nadie le contesta? ¿Dónde quedan su imagen y su reputación?
Desde hace años sostengo que una constitución sana funciona como las defensas del cuerpo. Detecta lo que daña a las personas y responde a tiempo. Y las defensas fallan de dos maneras. A veces llegan tarde. A veces se confunden de enemigo y atacan al propio cuerpo. Hoy padecemos la primera enfermedad. La cura que se propone puede traer la segunda.
Primero, las defensas que llegan tarde. Una mentira dicha en televisión se riega en horas. La aclaración avanza en días hábiles, de ventanilla en ventanilla. El propio sistema lo reconoció una vez. La ley daba apenas cinco días para pedir la réplica. La Suprema Corte tiró ese plazo y ordenó al Congreso corregirlo. El Congreso lo subió a quince. Fue un avance a medias. Todo sigue dependiendo de que la persona conozca los plazos, guarde los papeles y esté lista para un juicio federal exprés. La ley imagina un ciudadano abogado y con tiempo de sobra. La gente real tiene trabajo, familia y prisas. Una defensa que llega cuando el daño ya se regó no cura. Solo confirma la enfermedad.
Esos lineamientos mejoran otra pieza. La queja ante el defensor de audiencias, esa figura que la ley exige a cada estación desde hace más de una década. La queja será sencilla. No podrán rechazarla por errores menores. El defensor tendrá veinte días para responder. Si el medio ignora la recomendación, el asunto sube a la autoridad. Suena bien y en parte lo es. El problema son los relojes. La queja nueva y la réplica vieja corren por caminos separados y el proyecto no los conecta. Si nuestra persona del noticiero confía en la puerta amable y espera al defensor, puede descubrir, al voltear, que sus quince días para pedir la réplica ya se fueron. Por entrar por la puerta ancha puede perder la única puerta que obliga.
Ahora, las defensas que atacan al cuerpo. Muchos gritan mordaza, la oposición, la industria de la radio y la televisión, una asociación de jueces y magistrados federales, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y organismos internacionales de prensa. Nadie puede probar intenciones, porque las intenciones no se publican en el Diario Oficial. Lo que sí se puede leer es el diseño, y el diseño junta tres piezas que preocupan. Nadie sabe con precisión qué es información veraz o descontextualizada, y quien decida eso decidirá mucho.
El árbitro es una Comisión que depende del propio gobierno, no un órgano independiente como el que desapareció. Y la multa amenaza de más, hasta el uno por ciento de los ingresos de una empresa por cualquier falta, citando además un artículo equivocado de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la de 2025. Esa ley solo castiga tres faltas concretas, no tener código de ética, no nombrar defensor y no dar un canal de quejas. Nada sobre contenidos. Encima, la autoridad puede suspender transmisiones como medida preventiva, una facultad que ya venía en la ley anterior y que se lleva mal con una regla básica de la Constitución, a nadie se le silencia por adelantado.
Con esas piezas juntas, la mordaza no necesita ordenarse. Basta con que sea posible. El miedo a la multa calla más que cualquier orden, y el Pacto de San José, el tratado de derechos humanos que obliga a México desde 1981, prohíbe justo eso, las presiones que silencian sin ordenar silencio.
En justicia, hay que decir lo que el proyecto responde. Su propio texto se prohíbe censurar. El gobierno insiste en que solo se castigan esas tres faltas y ya aceptó aclarar lo confuso. El año pasado, además, retiró de su iniciativa un artículo que permitía bloquear plataformas digitales. ¿Gobierno que reincide o gobierno que corrige? Las dos lecturas son posibles. Ninguna se puede probar. Por eso la discusión seria no es sobre intenciones sino sobre diseños.
Los dos males tienen remedio y cada uno pide su herramienta. Las reglas nuevas pueden dar lo sencillo, un comprobante con folio para cada queja, una ventanilla clara, y una regla que separe la queja de la réplica para que un reloj no se coma al otro. Y en contenidos, la consecuencia debería ser publicar la resolución, no cobrar la multa. Lo demás solo puede darlo el Congreso cambiando la ley. Ahí cabe que el silencio del medio cuente como un no para ir directo al juez, que los plazos se congelen mientras la queja se resuelve, y un árbitro de verdad independiente. Pedirle a unas reglas administrativas lo que solo puede dar una ley es hacer como que se resuelve.
Me queda una reflexión final. La pregunta del título tiene trampa. Preguntar quién miente más, si el gobierno o los medios, es el deporte del momento, pero es un torneo sin trofeo, gane quien gane pierde la audiencia. La pregunta útil es otra, quién repara primero la confianza que rompió. Desconfiamos del gobierno, y eso no nació con estas reglas. Lo sembró el propio poder cada vez que hostigó a una voz crítica y el día que desapareció al árbitro independiente.
Desconfiamos de los medios, y eso tampoco lo inventó el gobierno. Lo sembraron ellos cada vez que dejaron sin respuesta una solicitud de réplica y cada vez que trataron a su defensor de audiencias como adorno. Las reglas nuevas no crearon esas deudas. Solo las pusieron frente al espejo. Ninguna reforma repara lo que solo la conducta repara.
La prueba llegará en dos mañanas distintas. La mañana en que un medio decida no contestar y la mañana en que un gobierno quiera usar al árbitro. Cada una medirá una de las dos confianzas rotas. Ese día sabremos si construimos defensas de verdad o defensas de papel. ¿Recuerdan a la persona del principio, la que escuchó su nombre en el noticiero? Sigue esperando una respuesta. No pide discursos. Pide que el medio conteste, que el gobierno no se aproveche, y defensas que lleguen a la velocidad del daño sin volverse nunca contra nosotros
