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EDOMEX | Un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y a siete personas más por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”. Tras una audiencia de más de 30 horas, la autoridad judicial determinó que seguirán en prisión, acusados de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) —perteneciente a la FGR— presentó más de un centenar de datos de prueba que acreditaron los cargos en contra de los imputados.

Como parte de la resolución judicial, la jueza ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para cinco de los acusados. Ernesto Ruffo Appel, junto con Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano.

Para el resto de los implicados, las medidas fueron distintas: Prisión domiciliaria: Guillermo “N” y José María “N”, debido a complicaciones de salud, Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur: Adriana “N”.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que esta investigación —desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México— apunta a una red criminal que ocasionó un daño económico al Estado superior a los $4,000 millones de pesos.

El mecanismo consistía en introducir combustible al país proveniente de Estados Unidos con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Los implicados reportaban volúmenes menores a los reales o declaraban los hidrocarburos bajo otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos. Parte de este caso está estrechamente ligado al decomiso de millones de litros de combustible transportados en carrotanques ferroviarios en estados del norte del país, como Coahuila.

La captura del exmandatario se llevó a cabo el pasado 16 de junio de 2026 en el municipio de Ensenada, Baja California. El caso ha generado un intenso debate político; mientras la defensa legal del exfuncionario sostiene que el caso está “con alfileres” y que la empresa de la que es socio solo realizaba labores logísticas aduanales, las autoridades continúan las indagatorias para desarticular la totalidad de esta red.


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