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El Gato Maya 🐾

Ahora resulta que desde las propias entrañas de Morena —sí, ese partido que todavía se vende como reserva moral mientras ya opera como franquicia electoral— brota la indignación… pero no por convicción, sino por competencia: se levanta una queja contra la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, por el uso reiterado de publicidad pagada en redes sociales.

Y no hablamos de centavos: hablamos de millones. Dinero público que, en teoría, debería servir para tapar baches, mejorar servicios o atender la inseguridad… no para inflar algoritmos y egos.

El denunciante, Erick Sánchez Córdoba, no se anduvo por las ramas: documentó cerca de tres millones de pesos en pauta en Facebook y aquí está lo grave: cuando un gobierno necesita pagar para que lo quieran, algo está profundamente mal.

Pero el problema no es sólo la alcaldesa. No, el problema es ese pantano político donde todos se señalan, pero pocos se salvan. Donde las quejas ante la autoridad electoral se acumulan como expedientes olvidados, mientras la ciudadanía acumula hartazgo.

Sánchez Córdoba acusa directamente al Instituto Electoral de Quintana Roo de ver sólo lo que quieren ver… y sancionan sólo a quien conviene sancionar. Porque mientras unos son perseguidos, otros pintan bardas, saturan espectaculares y se pasean como candidatos en campaña permanente sin que pase absolutamente nada.

Aquí no hay buenos ni malos, hay intereses. No hay víctimas, hay facciones. Y lo más grave: no hay vergüenza.

Porque mientras se pelean por quién pauta más, quién denuncia más o quién simula mejor, Cancún sigue esperando lo básico: seguridad, servicios dignos, orden. Pero claro, eso no da likes.

Y es que en Cancún la política ya no se mide en resultados, sino en alcance digital y eso, estimado lector, no es modernidad… es decadencia con WiFi.

Y si alguien cree que esto es un pleito interno más, se equivoca: es el preludio de una guerra abierta por el control político de Cancún rumbo a 2027. No se están denunciando por ética, se están midiendo por territorio. La pauta no es comunicación, es posicionamiento anticipado; las quejas no son justicia, son armas.

Aquí se está disputando algo más grande que una alcaldía: se está definiendo quién controla el presupuesto y la sucesión. Y mientras tanto, las autoridades electorales sólo miran y administran silencios.

Porque en Quintana Roo no gobierna quien cumple, sino quien se impone en la pantalla. Aquí la ley no se aplica: se administra. Y cuando estorba, se dobla; cuando acusa, se silencia. La verdad no se enfrenta… se diluye entre campañas pagadas hasta que deja de importar.

Al final, no es política: es simulación con presupuesto público. Y el poder, más que ejercerse, se publicita.


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