“Encadenadas por la impunidad”: Madres en Resistencia se clavan frente a la Fiscalía de Chiapas mientras asesinan a otro defensor en Los Altos
TUXTLA GUTIÉRREZ | En un acto de desesperación y resistencia simbólica, integrantes del Colectivo Madres en Resistencia se encadenaron este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir avances reales en carpetas de investigación por feminicidio, homicidio y desaparición. La acción marca la radicalización de un plantón que iniciaron días antes en Comitán de Domínguez y que trasladaron a la capital tras no recibir respuestas de las autoridades.
Las mujeres y familiares de víctimas colocaron cadenas en las rejas del edificio y exhibieron fichas de búsqueda de sus seres queridos. Denunciaron que durante el tiempo que permanecieron en plantón frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en Comitán, no obtuvieron información concreta ni se acercó personal para explicarles el estado de sus casos. “No queremos más reuniones sin resultados. Queremos saber dónde están”, expresaron en redes sociales y en declaraciones a medios.
Entre las personas que participan en la protesta destacan Ana Cristina Díaz León, esposa de César Ramírez León (24 años), desaparecido el 24 de abril junto con su hermano Ismael (27) cuando circulaban en motocicleta en Amatenango del Valle. A siete meses, no hay pistas oficiales. También se suman familiares del sargento de la Guardia Nacional Roque Luis Hernández Pérez, desaparecido el 22 de abril en Comitán; la familia realizó su propia investigación con el GPS de la motocicleta y señala omisiones de la Fiscalía. Se exigen avances además en los feminicidios de Jade Guadalupe Yuing Gómez y Silvia Rodríguez Álvarez.
Otro grupo de participantes, entre ellos Octavio Cruz Vázquez, Irma Vázquez Pérez y Juana Jiménez Díaz, insiste en que se giren órdenes de aprehensión por despojos, amenazas y privaciones de la libertad ocurridas en la localidad de José Castillo Tielmans, municipio de La Trinitaria.
La protesta se da en un clima de creciente tensión por la violencia en el estado. El mismo miércoles 28 de octubre se conoció el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, activista e indígena tzotzil defensor de derechos humanos en la región de Los Altos. Sujetos armados le dispararon en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, cuando se encontraba en un taller mecánico o se dirigía a su domicilio; según reportes, recibió múltiples impactos y los agresores huyeron en motocicleta.
Pérez Pérez dedicaba más de una década al acompañamiento de familias desplazadas por la violencia (representaba a alrededor de 63 familias de Santa Martha que se refugian en Polhó desde 2022), mediaba en conflictos agrarios y denunciaba hostigamientos. Contaba con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2023, y la ONU había alertado previamente sobre amenazas, un intento de desaparición y ataques armados en su contra. Amnistía Internacional condenó el crimen y exigió una investigación que considere su labor como línea prioritaria. El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para supervisar las diligencias y prometió que “no habrá impunidad”.
Estos hechos ilustran un patrón preocupante en Chiapas: la persistente falta de resultados en casos de desaparición y feminicidio, sumada a la violencia contra quienes defienden derechos humanos y comunidades indígenas. Las Madres en Resistencia, que llevan años documentando omisiones, filtraciones y revictimización, advierten que seguirán en pie de lucha hasta obtener justicia efectiva. Mientras las cadenas permanecen en las rejas de la Fiscalía, las familias reiteran el mismo reclamo: “¿Hasta cuándo vamos a tener que encadenarnos para que nos escuchen?”
