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CANCÚN | La justicia sigue demorándose para Blanca Olivia Montes de Oca López. La cancunense, quien hace 18 meses presentó una denuncia penal por discriminación contra el contador Enrique Yáñez Polo y los socios David y Luis Miguel Quintana Morones, de la empresa Xotics, vio pospuesta nuevamente la audiencia en la que impugna la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General del Estado.

La audiencia estaba programada este lunes a las 14:00 horas. Montes de Oca esperó alrededor de dos horas en los tribunales hasta que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) abandonó el edificio sin informarle. Al indagar, le confirmaron que la diligencia se había diferido —sin aviso previo— al 30 de octubre. Con este nuevo aplazamiento, el proceso sumará cerca de 20 meses sin avances sustantivos en la investigación de su denuncia.

Montes de Oca laboró durante dos décadas en Xotics, rentadora de autos de lujo fundada por los hermanos Quintana Morones —hijos de Miguel Quintana Palli, del Grupo Xcaret— y que opera en instalaciones vinculadas a ese corporativo. Llegó a ocupar el cargo de directora. Según su relato, a partir de 2023 comenzó a enfrentar actos de discriminación y hostigamiento que, a su juicio, buscaron orillarla a abandonar la empresa, en un momento en que el negocio se recuperaba tras la pandemia.

Señala que gran parte de esa presión provenía del contador Enrique Yáñez Polo, quien habría dejado de pagarle el salario en sus dos últimos meses. Montes de Oca abandonó el puesto tras una crisis nerviosa. Posteriormente le impidieron el acceso al centro de trabajo sin liquidación ni pago de salarios atrasados, y afirma haber sido objeto de calumnias ante otras empresas del sector, lo que dificultó su reinserción laboral.

Yáñez Polo es hermano de Jorge Yáñez Polo, contador vinculado a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Este último fue vinculado a proceso en 2020 por presunta evasión fiscal de alrededor de 28 millones de pesos y, tras darse a la fuga, fue detenido en marzo de este año. La denunciante sostiene que Enrique Yáñez Polo también habría dejado de declarar impuestos de Xotics durante cuatro años; ella, en su calidad de directora, habría impulsado la regularización extemporánea ante el SAT. Pese a ello, el contador se mantuvo cercano a los dueños y regresó a la empresa en 2023, coincidiendo con el inicio del hostigamiento que describe.

Denuncias cruzadas y actuación de la FiscalíaMontes de Oca presentó querella penal contra los tres involucrados. Estos, a su vez, la denunciaron por administración fraudulenta y robo, sin que —según ella— aportaran evidencias. La Fiscalía General del Estado avanzó en las denuncias presentadas por los hermanos Quintana, pero no investigó de manera equivalente las de la exdirectora.Tras un año sin avances, Montes de Oca se inconformó ante un juez, quien requirió al fiscal del caso, Jonathan Díaz Pech, justificar su omisión. Al no responder, el fiscal fue multado en dos ocasiones.

Posteriormente emitió la determinación de no ejercicio de la acción penal, argumentando que se trataba de un asunto laboral. La denunciante impugna esa decisión:“El argumento usado es que este es un tema laboral, pero la comisión de un delito, como el de la discriminación, no puede quedar impune porque tuvo lugar dentro de un área de trabajo.

Lo que alego es que determinadas conductas surgidas dentro de una relación y entorno de trabajo pueden trascender la materia laboral y constituir discriminación penal, si se acreditan los elementos del delito”.Señala que el propio fiscal integró peritajes psicológicos que acreditan el daño sufrido, pese a lo cual negó el carácter penal del caso.

La audiencia para revisar la impugnación se programó originalmente en junio y se difirió por tres meses por inasistencia del representante de la Ceaveqroo. Una semana antes de la nueva fecha (14 de septiembre), el fiscal Díaz Pech renunció y el expediente fue reasignado a Martín Gordillo Aguilar.Enrique Yáñez Polo, quien nombró a una amplia representación legal (diez abogados y varios pasantes), había solicitado el diferimiento de la audiencia por un viaje al extranjero.

El juez no aceptó esa petición. Montes de Oca sostiene que, pese a ello, la Fiscalía terminó aplazando la diligencia:“Tal parece que la Fiscalía le hizo el favor al acusado, al ellos diferir la audiencia, luego que el juez se negara a hacerlo. Ahora toca esperar otros 45 días. Yo estoy al pendiente de estas carpetas y por eso no dejo que me ‘hagan gol’, pero es un eterno luchar y una constante revictimización, frente a una Fiscalía que no quiere hacer su trabajo”.

La denunciante afirma tener claro el grado de influencia política y económica de los señalados. “Cuando lleguemos a la otra audiencia, serán 20 meses de estar empujando esta denuncia, enfrentando yo una denuncia por parte de ellos que avanza pese a no existir pruebas. Yo ya quiero seguir con mi vida, pero no me lo permiten; no tengo paz, y con sus calumnias y este conflicto jurídico, ya veo difícil que alguien quiera contratarme”.


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