Empresarios de Isla Mujeres denuncian red de extorsión municipal; Sheinbaum llama a denunciar y ordena investigación
CDMX | La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a las denuncias de empresarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, quienes acusan a una presunta red de corrupción operada por altos funcionarios municipales de extorsionarlos durante años. La mandataria fue clara: “Si los empresarios son víctimas de presunta extorsión, que denuncien, que se investigue” por parte del Gabinete de Seguridad.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, un reportero planteó el caso a la Presidenta, quien enfatizó la necesidad de que las víctimas presenten denuncias formales para que las autoridades federales actúen.
Este posicionamiento presidencial se produce en medio de crecientes señalamientos contra gobiernos municipales en Quintana Roo por prácticas de corrupción que afectan a la actividad económica y al turismo en la región.
Los empresarios señalan directamente al secretario general del Ayuntamiento de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo, y al director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, William Conrado Alarcón, como las cabezas de la presunta red.
Ambos funcionarios han permanecido en posiciones clave durante diversas administraciones, particularmente en áreas relacionadas con infraestructura, licencias y fiscalización, reportó Milenio en todas sus plataformas.
Según los afectados, los funcionarios utilizan dependencias como Protección Civil, Ecología y Fiscalización como “garrote” para imponer multas y clausuras selectivas, favoreciendo monopolios vinculados a grupos políticos locales —entre ellos la familia de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde— y eliminando competencia.
Uno de los testimonios más detallados es el de Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales en la zona continental de Isla Mujeres que operó por más de 24 años.
Nava relató que el hostigamiento comenzó tras negarse a pagar una “cuota” de materiales:“Para mí es extorsión de las autoridades. (…) Después me pidieron un predial, el terreno es ejidal, entonces nos trajeron una cuenta de aproximadamente 20 millones de pesos (…) Tras negarse a pagar estos cobros irregulares, le colocaron sellos de clausura al lugar, pese a que ganó un amparo”.
Nava asegura que otros bancos de materiales operan sin problemas porque mantienen “acuerdos” con los funcionarios señalados, lo que ha provocado el encarecimiento de materiales en la zona.Otro empresario, que pidió anonimato, describió un modus operandi sistemático: cobros irregulares, obstáculos para tramitar licencias y protección a ciertos negocios.
“Hay un modus operandi por parte de la autoridad: utilizan a Protección Civil, Fiscalización y Ecología como garrote para aplicar cláusulas a la carta”, denunció.
Los afectados incluyen dueños de muelles, marinas, bares, restaurantes y comercios en general.
Muchos temen represalias y permanecen en silencio, aunque algunos ya presentaron denuncias ante la Fiscalía de Quintana Roo.
Este caso se suma al escándalo recientemente revelado en Tulum, donde funcionarios se hacían pasar por inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La dependencia federal negó tener delegación en ese municipio y se inició una investigación.
Empresarios como Arturo, quien también fue clausurado tras negarse a pagar “mordidas”, han hecho un llamado público a las víctimas: “Denuncie, no nos quedemos callados”.
Invocaron específicamente la Operación Enjambre impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como ejemplo de acción contra la impunidad.
Los denunciantes vinculan los cobros “repentinos” con las elecciones del próximo año.
“Todos ellos están alineados en ver cuál es el caballo ganador (…) cada quien está tratando de poner su propio caballo”, señaló uno de los afectados.
MILENIO solicitó posicionamiento al municipio de Isla Mujeres, pero no recibió respuesta.
La presidenta Sheinbaum ha marcado con su declaración un precedente: las víctimas deben denunciar formalmente para que el Gabinete de Seguridad federal intervenga.
En Quintana Roo, donde el turismo es motor económico, los empresarios esperan que este llamado presidencial se traduzca en acciones concretas que rompan con la impunidad y devuelvan certidumbre a la actividad productiva.
