Frenaron la justicia y el bienestar de los ejidatarios, pero hoy quieren volver al poder en Alfredo V. Bonfil
El Gato Maya 🐾
En el Ejido Alfredo V. Bonfil ya no sólo se pelea una de las indemnizaciones más importantes de su historia; también comenzó la carrera por el Comisariado Ejidal y, cuando el poder entra en escena, nunca falta quien confunda la defensa del patrimonio con una campaña electoral disfrazada de justicia.
Durante décadas, los ejidatarios han sostenido un conflicto legal derivado de la ocupación y utilización de tierras ejidales para infraestructura hidráulica, un proceso que hoy se encuentra en una etapa decisiva y que incluso ha abierto la posibilidad de un convenio de reparación del daño cuyo monto superaría los dos mil millones de pesos.
Cualquier decisión equivocada, cualquier retraso o cualquier división interna puede traducirse en pérdidas millonarias para 210 de familias de ejidatarios con derechos agrarios.
Es precisamente en este contexto donde reaparecen Reyes de la Rosa y compinches que ya tuvieron en sus manos la conducción del ejido y que ahora buscan convencer a los ejidatarios de que representan la mejor opción para defender su patrimonio. !Ay, ajá!
Y es que hay quienes llegan al poder para resolver problemas y otros, como Reyes de la Rosa Muñoz, Silvestre Córdova Pacheco y Lorenza Berumen, que parecen necesitarlos para tratar de regresar al poder.
Hoy en el Ejido Alfredo V. Bonfil se libra una batalla que ya dejó de ser únicamente jurídica; hoy también es una batalla por la memoria porque mientras este trío pretende convencer a los ejidatarios de que son los nuevos defensores de su patrimonio, los expedientes judiciales recuerdan un pasado que no se borra con discursos.
Reyes de la Rosa Muñoz, Silvestre Córdova Pacheco y Lorenza Berumen hoy recorren el ejido hablando de justicia y, al mismo tiempo, revientan asambleas donde se analizan alternativas para la defensa del patrimonio común. El problema es que, cuando tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del Comisariado Ejidal, la historia fue muy distinta.
El expediente de amparo 120/2019 dejó constancia de que el perito designado por el juez no pudo realizar el avalúo ordenado. Posteriormente, el juzgado volvió a requerir la colaboración del entonces Comisariado Ejidal e incluso apercibió con la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
Y esto, estimado lector, no forma parte de una campaña negra contra Reyes de la Rosa y sus socios, sino de un expediente judicial y los expedientes no militan en ningún grupo político.
Por eso resulta inevitable preguntar:
¿Con qué autoridad moral se presentan hoy como salvadores del ejido quienes, cuando tuvieron la responsabilidad institucional, no lograron que avanzara una diligencia judicial indispensable para el desarrollo del litigio?
Como si ese antecedente no fuera suficiente, apareció un elemento que volvió todavía más incómoda la historia de quienes hoy buscan erigirse en héroes: La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo confirmó que el cumplimiento de la sentencia debe analizarse conforme a la época jurídicamente relevante de la afectación y aplicando los parámetros legales de actualización.
En otras palabras, el criterio jurídico que durante meses ha venido sosteniendo el despacho C&S Planeación, encabezado por el licenciado José Cuevas, terminó siendo respaldado por la propia autoridad involucrada en el litigio.
Mientras unos trabajan una ruta jurídica que incluye la posibilidad de alcanzar un convenio de reparación del daño por más de dos mil millones de pesos —propuesta que únicamente podrá decidir la Asamblea Ejidal—, otros parecen concentrar sus esfuerzos en desacreditar, dividir y sembrar dudas.
Porque cada pleito tiene un costo, cada retraso debilita la posición jurídica del ejido, cada confrontación interna favorece a la contraparte y, al final, quienes pagan las consecuencias no son quienes aspiran a recuperar el control del Comisariado, sino todos los ejidatarios.
Por eso cuesta trabajo creer que la prioridad de este grupo sea exclusivamente el bienestar colectivo cuando, desde la óptica política, da la impresión de que el litigio se ha convertido en una plataforma para intentar regresar al poder.
No parece una lucha por el patrimonio, sino más bien una campaña anticipada por la presidencia del Comisariado Ejidal y cuando la conquista del poder comienza a desplazar la búsqueda de soluciones, el riesgo es evidente: que los intereses políticos terminen colocándose por encima de los intereses del ejido.
Los ejidatarios tienen derecho a escuchar todas las versiones, pero también tienen derecho a exigir cuentas, a revisar los expedientes y a comparar discursos con resultados.
Porque las campañas duran unas semanas; las promesas, unos meses; pero las decisiones tomadas desde el poder pueden afectar el patrimonio de generaciones enteras.
Así que quien aspire nuevamente a dirigir el ejido no debería pedir primero un voto de confianza, sino explicar, con documentos en la mano, qué hizo cuando ya tuvo esa responsabilidad.
Porque la memoria del ejido puede ser frágil, pero la del Poder Judicial, no. Y los ejidatarios harían bien en desconfiar de quienes llegan prometiendo salvar aquello mismo que, cuando tuvieron la oportunidad de protegerlo, no pudieron o no supieron sacar adelante.
