Mayas exigen al Iepac que cumpla con instalación de la Defensoría Pública
MÉRIDA | A más de 15 días de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que se debe garantizar la instalación y el funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, representantes de comunidades mayas exigieron avances reales o advirtieron que tomarán medidas para presionar el cumplimiento de esta sentencia.
Personas que demandan la creación de esta Defensoría Pública realizaron una rueda de prensa en la que explicaron que desde junio de 2023 el Congreso de Yucatán aprobó la creación de este órgano desconcentrado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) y a la fecha no se concretado su instalación por lo que han realizado otros procedimientos legales, como la impugnación de sentencias, para continuar con la exigencia.
“El objetivo de este órgano es brindar defensa y asesoría gratuita en materia político-electoral a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja histórica o marginación, siendo la comunidad indígena maya uno de los sectores principales a los que está dirigido este apoyo”, explicó uno de los demandantes.
Advirtieron que para tener por cumplida la resolución judicial no basta con realizar gestiones o emitir acuerdos sino que la Defensoría Pública debe quedar establecida antes del inicio formal del próximo proceso electoral local de 2026.
Recordaron que este ente es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión cuya función es brindar servicios de defensa y asesoría en materia electoral, desde una perspectiva de género, intercultural y pluricultural.
Juan Alberto Baas, Hilda Mirna Díaz Caballero, Pilar Villareal Ramírez, Sergio Iván Pereira Gamboa, Rosaura Ek Maay, Bertha Maribel Pech Polanco y Silvia Chan Nieves encabezaron la rueda de prensa y advirtieron que le daban al Iepac un plazo de 15 a 20 días para demostrar su intención de avanzar con el tema o de lo contrario podrían tomar las instalaciones del Iepac.
“La Defensoría Pública no es un regalo, es un derecho reconocido por la ley y confirmado por el máximo tribunal electoral del país. Su instalación no es opcional: es una obligación. Su funcionamiento no puede ser ficticio: debe ser real y efectivo. Nosotros, como actores demandantes, vigilaremos paso a paso que esto se cumpla. No permitiremos más dilaciones ni excusas”, señalaron.
Señalaron que les gestiones que el Iepac ha realizado han sido mínimas y solicitaron participar en la creación del comité para confirmar que se elijan personas que representen a los grupos vulnerables.
Acusaron que esta dilación constituye un acto de racismo y discriminación hacia las personas que históricamente han sido víctimas de violaciones a sus derechos políticos-electorales.
“Si yo soy mayahablante y no tengo un espacio en donde me atiendan, me acompañen, me pueden hacer una acusación, pueden realizar una usurpación de identidad… Si soy la mujer indígena que ha sufrido violencia, incluso dentro de su mismo partido y no tengo un espacio donde me apoyen, ¿qué va a pasar? la gente empieza a pensar que el hablar la lengua maya es algo que te corta el proceso y no debe ser así”, declaró una de las demandantes.
Todos los participantes en la rueda de prensa pidieron al Iepac que garantice la instalación real, material y efectiva de la Defensoría Pública a la brevedad. La Jornada Maya
